Artículos de interés

Entrenamiento presencial en noviembre

 

 

Tema Tipo Fecha
1 Prevención del daño antijurídico Focalizado 6 de noviembre
2 Prevención del daño antijurídico Focalizado 13 de noviembre
3 Prevención del daño antijurídico Focalizado 20 de noviembre
4 Responsabilidad extracontractual Convocatoria abierta a todos los defensores del Estado 21 de noviembre
5 Prevención del daño antijurídico Focalizado 28 de noviembre

A las convocatorias abiertas podrá inscribirse a través del formulario en línea que llegará con la invitación a cada taller.

Si su entidad requiere que la ANDJE asista a su entidad para dictar alguna capacitación escríbanos a: entrenamiento@defensajuridica.gov.co

También lo invitamos a estar pendiente de la transmisión de talleres y conferencias vía streaming a través de nuestro canal “Comunidad Jurídica en Vivo” disponible en www.defensajuridica.gov.co. Recuerde que para acceder a él debe ingresar a la plataforma con su usuario y contraseña.

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Los jueces deben aprovechar las TIC

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia instó a los jueces para que utilicen las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en sus procesos. Específicamente se refirió a la exoneración de ciertas pruebas.

https://www.ambitojuridico.com/noticias/tecnologia/civil-y-familia/jueces-deben-aprovechar-las-tic-para-eximir-al-demandante-de

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Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado expide nuevos lineamientos en materia de prevención del daño antijurídico

Mediante la Circular No. 05 de 27 de septiembre de 2019, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado expidió nuevos lineamientos para la formulación, implementación y seguimiento de las políticas de prevención del daño antijurídico que deben ser formuladas por las Entidades Públicas del Orden Nacional en cumplimiento de sus obligaciones legales.

Con la expedición de estos nuevos lineamientos, la Agencia busca continuar fortaleciendo la cultura de la prevención al interior de las entidades.

Dentro de las modificaciones contempladas se resalta que:

  1. Se debe tomar en consideración la siguiente información para formular la política de prevención: a) litigiosidad; b) sentencias o laudos condenatorios, según el tipo de acciones; c) solicitudes de conciliación extrajudicial; d) reclamaciones administrativas; e) derechos de petición que puedan anticipar situaciones litigiosas futuras; f) mapa de riesgos de la entidad y otros riesgos que tengan la calidad de sobrevinientes; g) otros factores relevantes que la entidad considere que pueden ser fuente futura de litigiosidad; y h) la posibilidad de aplicación de la figura de extensión de jurisprudencia en sede administrativa.

En los lineamientos anteriores solo se tomaba en consideración la información sobre litigiosidad y riesgos.

  • El término de formulación e implementación de la política será de dos años.
  • La participación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el proceso de formulación, implementación y seguimiento tendrá algunos cambios. Así, la Agencia no solo acompañará a las EPON en la formulación y solicitará los ajustes pertinentes (en caso de ser necesario), también verificará su cumplimiento. Todo lo anterior propendiendo por una adecuada implementación y un efectivo resultado en la disminución de los procesos y reducción de condenas en contra de la Nación.

Con estas modificaciones se busca generar un mayor análisis de las situaciones particulares de cada entidad, un seguimiento permanente y efectivo de la política y una medición real de los efectos generados con su implementación.

Forma parte integral de la Circular N. 05 de 2019 un aplicativo diseñado en Excel, documento en el que debe ser formulada la política de prevención por cada una de las entidades públicas del orden nacional. Los nuevos documentos puede consultarlos en la página de la Agencia.

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Asocapitales publicó el libro “El litigio contra las ciudades capitales en Colombia”

El pasado 26 de septiembre en la ciudad de Pereira, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales – ASOCAPITALES- presentó un estudio sobre las tendencias del litigio que involucra a las ciudades capitales colombianas. Esta publicación recoge los fallos de acciones populares, acción de tutela, nulidad y restablecimiento del derecho, entre otras, expedidas por el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y los Tribunales Administrativos durante los últimos diez años y en los cuales figuran como demandadas las ciudades capitales.

Para conocer la publicación completa:

https://www.asocapitales.co/system/files/Publicaciones-asuntos-juridicos/2019-09/El%20litigio%20contra%20las%20ciudades%20capitales%20en%20colombia.pdf

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El gobierno pedirá declarar al Galeón San José patrimonio cultural en su integridad

Conozca las declaraciones de Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pronunciadas el 9 de octubre de 2019 sobre la recuperación del Galeón San José:

El 26 de mayo de 2015 se autorizó a la empresa MAC a iniciar la exploración de un área del caribe Colombiano con el fin de establecer si se ubicaba el sitio del hundimiento del Galeón San José y para determinar si era procedente su rescate.

El 6 de febrero de 2017 se presentó el informe final de exploración del navío con las características del Galeón San José, el cual se encuentra en una zona del Caribe colombiano en un buen estado de conservación, según se aprecia en de las imágenes conocidas, algunas de ellas publicadas en medios de comunicación.

De acuerdo con la información de la DIMAR, y gracias a las verificaciones realizadas durante los últimos meses, se ha certificado que este hallazgo se encuentra en coordenadas diferentes y distantes de las denunciadas por Sea Search Armada.

Para realizar el rescate del Galeón San José, durante el Gobierno anterior se dio inicio al proceso de contratación de una firma especializada para que mediante el sistema de APP realizara el rescate, el tratamiento de las piezas y la construcción y operación de un museo lo cual se pagaría principalmente con piezas rescatadas del mismo galeón, siempre que no fueren declaradas como Patrimonio Cultural de la Nación.

¡Para el actual Gobierno esta fórmula de pago es inaceptable! Lo que está en el Galeón San José puede tener gran valor económico, pero antes que nada, todas y cada una de las piezas que se rescaten son de enorme e incomparable valor cultural e histórico para Colombia y para el mundo.

Su riqueza histórica y cultural no tiene precio y el derecho de los colombianos a conocer, difundir y preservar este tesoro cultural, no se negocia y no podemos feriarlo por los anticuarios del mundo.

¡El Galeón San José es único e indivisible! En él reposa una parte importante y valiosa de nuestra historia y de nuestra trayectoria cultural. Allí en las profundidades del mar no hay solo un montón de cañones, vasijas y joyas ni un puñado de monedas. Allí está una parte de nuestra historia y de la trayectoria del nuevo mundo y jamás debe ser despresada.

¡El Galeón San José está en aguas de Colombia y es de los colombianos! Su rescate solo debe beneficiar a la historia de la humanidad y su rescate debe ser un aporte para el conocimiento y la cultura.

Esto no es solo una convicción, es un asunto de interés público y una obligación Constitucional que debemos cumplir. La Constitución de Colombia le otorga a nuestro patrimonio cultural una “protección constitucional reforzada” que implica que debemos dar un cuidado especial, diferente y superior a nuestro patrimonio arqueológico y al patrimonio cultural. ¡Por esta razón constitucional, se debe preferir ante todo preservar todos los bienes que se rescaten en vez de entregarlos para que se vendan en costosas subastas por todo el mundo!

Por todos los anteriores argumentos, el presidente Iván Duque, la vicepresidente Marta Lucía Ramírez y la ministra de Cultura Carmen Inés Vásquez han reiterado varias veces que por el interés público y por nuestras obligaciones Constitucionales y legales nuestro deber es salvaguardar el patrimonio cultural y para eso debemos hacer todos los esfuerzos necesarios tanto en lo económico y en lo jurídico nacional como en lo internacional.

El anterior gobierno dejó un proceso contractual avanzado y a punto de terminarse. Con el fin de efectuar su revisión jurídica, el proceso fue suspendido, lapso durante el cual también se atendieron múltiples peticiones formuladas en torno al mismo, entre otras, las presentadas por la veeduría nacional, para el control social del patrimonio cultural sumergido de Colombia y por la red universitaria de patrimonio cultural sumergido.

Es lamentable que el Gobierno Santos, hubiera pactado el pago con piezas del rescate. En el estudio realizado hemos encontrado que el originador de la APP le insistió al gobierno Santos que se buscara una fórmula diferente al pago en especie, pero fue el gobierno anterior el que insistió en pagar con piezas del San José. ¡No entendemos como prefirieron entregar nuestra historia en vez de protegerla!

Por todo lo anterior, dado el interés público y la protección constitucional reforzada, con base en la ley de patrimonio cultural sumergido y la jurisprudencia vigente, hemos decidido que en los próximos días le presentaremos al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural el informe final de la exploración realizada, con la solicitud de que reconozca al San José y todos los elementos del naufragio como una colección única e indivisible, cuyo testimonio permitirá conocer nuestra trayectoria histórica y cultural y, por lo tanto, lo declare como Patrimonio Cultural en su integridad, si después de analizar el informe de exploración lo considera pertinente.

¡Con esta medida, ni una sola astilla, ni una sola vasija, ni una sola moneda, ni una sola piedra, nada de lo que está en la zona del naufragio, podrá ser comercializado!

Frente al proceso contractual y en estricta aplicación de los parámetros legales contractuales continuaremos con él, pero bajo la premisa de que haremos hasta lo imposible para que ni una pieza de las que se extraigan pueda ser comercializada. El proceso de extracción y conservación de las piezas requiere de alta tecnología y ninguna compañía más se presentó en el proceso.

Los procesos contractuales desde su inicio y hasta su culminación deben estar sujetos a las normas constitucionales y legales que los rigen en consonancia con los procedimientos democráticos y particularmente los relativos a la protección del Patrimonio Cultural de la Nación. Este Gobierno, como siempre lo ha hecho, respetará la aplicación de los principios de contratación pública.

Durante los meses precedentes, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en su función de prevención del daño antijurídico, ha sostenido conversaciones con el originador y este ha manifestado su plena apertura y disponibilidad a encontrar alternativas para mantener el San José de manera integral como parte de nuestro patrimonio cultural sin que se comercialice ninguna pieza. En los próximos días se empezarán a discutir las alternativas legales correspondientes.

La decisión que hoy se toma no es solo sobre el Galeón San José. Hoy estamos fijando las bases de una política pública clara frente al patrimonio Cultural sumergido. Se calcula que en nuestras costas hay más de 100 naufragios de la época de la Colonia. En ellos está parte de nuestra historia y de nuestra trayectoria cultural, tengan o no riquezas. ¡A todos estos naufragios y a los que se encuentren en los ríos y lagunas les daremos la máxima protección posible!

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Colombia solicitará la anulación del laudo en caso Glencore

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicitará la anulación del laudo del Tribunal Arbitral del CIADI que ordenó a Colombia devolver 19.1 millones de dólares por concepto de la decisión de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República.

Para la Agencia, el Tribunal quebrantó de manera grave varias normas de procedimiento al desconocer pruebas relacionadas con las actuaciones engañosas de Glencore – Prodeco para obtener el Otrosí No. 8 en beneficio propio y en detrimento de la Nación.

Asimismo, el Tribunal inadmitió documentos que demostraban actuaciones indebidas de Glencore – Prodeco, que, si se hubieran tenido en cuenta, el resultado del laudo habría sido diferente.
La demanda interpuesta hace tres años por Glencore – Prodeco, con fundamento en el Acuerdo Bilateral de Protección y Promoción de la Inversión Extranjera en vigor con Suiza (APPRI) y bajo las reglas del CIADI, se originó por dos situaciones:

1. Por la solicitud de nulidad de Ingeominas (hoy Agencia Nacional de Minería), al Otrosí N° 8 del Contrato de Concesión, el cual modificaba injustificadamente a favor de Prodeco el sistema de cálculo de las regalías para la explotación de carbón en la mina Calenturitas, (Cesar).

2. Por el fallo de responsabilidad fiscal de $63 mil millones (19.1 millones de dólares) que la Contraloría General de la República le impuso a Prodeco por el detrimento patrimonial causado al Estado tras la negociación y suscripción de ese Otrosí.

Para el Tribunal Arbitral, la medida adoptada por la Contraloría se realizó con estricto apego a la ley y al debido proceso. Sin embargo, desconoció las pruebas presentadas por Colombia que demostraban maniobras engañosas utilizadas por Glencore – Prodeco para modificar a su favor el sistema de cálculo de regalías (Otrosí No.8).

La Agencia respeta y reconoce las facultades de las instancias internacionales y está convencida del uso de mecanismos alternos de solución de controversias que resuelvan con mayor prontitud los casos. La decisión del Tribunal de inadmitir ciertas pruebas obtenidas por Colombia que demostraban la ilegalidad en la suscripción del Otrosí No. 8. Sin embargo, implicó la violación del derecho al debido proceso de Colombia, como Estado demandado, lo que justifica la anulación del laudo.

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Gran ofensiva del Estado colombiano contra los actos de corrupción derivados de Ruta del Sol II

Por los actos de corrupción cometidos en Colombia y reconocidos por el grupo empresarial Odebrecht, el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Superintendencia de Transporte y la Superintendencia de Industria y Comercio han iniciado 10 acciones, entre judiciales y administrativas.

La sociedad Odebrecht S.A. ha causado al país enormes perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, más el daño ético y moral, corrompiendo diferentes niveles de la administración pública. A continuación, la relación de las 10 acciones:

  1. Tribunal de Arbitramento Concesionaria Ruta del Sol S.A.S vs. ANI

El 6 de agosto de 2019 se profirió laudo en el que se reconoció que la única cifra que adeuda la ANI a la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S es la suma de $211.273.405.561, cifra que debe ser puesta a disposición del patrimonio autónomo para que se paguen las acreencias de los terceros de buena fe hasta donde alcance.

El pasado 4 de octubre se interpusieron 9 recursos de anulación en contra del laudo arbitral y el Estado está preparando su oposición a los mismos. Los recursos serán resueltos por el Consejo de Estado, trámite cuya duración se estima en 8 meses.

  1. Acción Popular Ruta del Sol

El 6 de diciembre de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia de 1ª instancia en el que condenó a la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S y sus accionistas a pagar al Estado la suma de $800.156.144.362 por la violación a los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa al patrimonio del patrimonio público. Los demandados condenados interpusieron recurso de apelación, el cual actualmente está en trámite ante el Consejo de Estado y se estima que dure un año más en resolverse.

  1. Inconstitucionalidad del artículo 20 de la Ley 1882 de 2018

Esta demanda ya se resolvió y en ella la Contraloría General de la República solicitaba que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 20 de dicha Ley, según el cual se establece una fórmula de liquidación que resulta aplicable de manera retroactiva para los contratos a los que se le haya declarado la nulidad absoluta por objeto o causa ilícita, lo cual, a juicio de la CGR resultaba inconstitucional.

La Corte Constitucional consideró que, dadas las características propias de los contratos de Asociaciones Público Privadas (APP) en que la mayor parte del capital en riesgo pertenece a terceros de buena fe y en particular al ahorro captado del público, las restituciones a que haya lugar en los casos en que se declare la nulidad absoluta de un contrato de APP o de concesión de infraestructura para el transporte se regirán bajo la regla de la protección de la buena fe, y por lo tanto, deben dirigirse primordialmente a satisfacer el pago de las deudas que el proyecto haya adquirido con terceros de buena fe.

Sin embargo, cuando esté demostrado que el contratista, así como sus miembros y socios, o terceros aparentes hayan actuado dolosamente, de mala fe o con conocimiento de la ilicitud que dio lugar a la nulidad absoluta del contrato, ellos no podrán ser objeto de reconocimientos a título de restituciones.

  1. Actuación Administrativa de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por la eventual comisión de conductas anticompetitivas en la licitación pública que culminó con la suscripción del contrato de concesión 001 de 2010, junto con sus modificaciones, adiciones y otrosíes.

El 13 de septiembre de 2018, la SIC abrió investigación y formuló pliego de cargos en contra de constructora Norberto Odebrecht S.A., Odebrecht Investimento em Infraestructura Ltda, Corficolombiana, Episol Concesionaria Ruta del Sol SAS, Gabriel García Morales y administradores y ejecutivos de estas sociedades. Se imputaron los siguientes cargos: (i) pago de sobornos, (ii) aprovechamiento de conflicto de interés, (iii) contactos privados y directos en violación de la prohibición y, (iv) persona natural vinculada a un agente del mercado.

Actualmente está en etapa probatoria.

  1. Actuaciones Administrativas ante la Superintendencia de Sociedades

Si bien la Supersociedades no ejerce supervisión sobre la Sociedad Concesionaria Ruta del Sol SAS, ya que es de competencia de la Superintendencia de Transporte, si la ejerce sobre otras sociedades vinculadas a esta y sometió al máximo grado de intervención (control) mediante las Resoluciones No. 300-000475 y 300-000473 del 10 de febrero de 2017 a la sucursal de la sociedad extranjera Constructora Norberto Odebrecht S.A. y a la sociedad Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S. Actualmente, esta decisión se encuentra ejecutoriada y en firme.

Declaratoria Grupo Empresarial: Esta Superintendencia también inició una actuación administrativa que culminó con la declaratoria de grupo empresarial y la imposición de una multa.

Multa a los revisores fiscales

Actuación contra los administradores: Actualmente esta Superintendencia adelanta investigaciones contra los administradores por posibles incumplimientos a sus deberes.

Actuación por presuntas infracciones cambiarias

  1. Procesos penales

En el momento se encuentran en curso 11 procesos penales, en los que en cuatro la ANI se ha constituido como víctima.

 

  1. Acción de Reparación Directa de ANI contra Concesionaria Ruta del Sol S.A.S

La ANI inició demanda de reparación directa por la celebración indebida del Contrato de Concesión No. 001 de 2010, proyecto Ruta del Sol 2, que conllevó a la terminación anticipada del mismo en febrero de 2017. La cuantía de esta demanda es de $13.100.082.793. Este monto será actualizado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado con base en los perjuicios del Estado en los cuales han incurrido otras entidades.

  1. Acción contractual del Ministerio de Transporte contra Concesionaria Ruta del Sol S.A.S para que se declare la nulidad del contrato de estabilidad jurídica

El Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la ANI, la Superintendencia de Transporte y la Dian presentarán una demanda para que se declare la nulidad del contrato de estabilidad jurídica que celebró con la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. Lo anterior, por haber sido celebrado con objeto y causa ilícita. La cuantía se está determinando y depende del beneficio tributario que obtuvo dicha sociedad en virtud del contrato.

  1. Rechazo al Acuerdo de Reparación Integral solicitado por la constructora Norberto Odebrecht S.A.

La sociedad colombiana Ccnstructora Norberto Odebrecht S.A. propuso a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a otras entidades la celebración de un “Acuerdo de Reparación Integral”, mediante el cual la compañía responsable de graves actos de soborno y corrupción, ofrece una compensación económica por los perjuicios generados por los delitos cometidos contra la moralidad pública, a cambio de que el Estado retire todos los procesos legales y administrativos en su contra y le permita volver a contratar con el Estado.

La Vicepresidencia de la República y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, así como otras entidades, rechazaron tajantemente esta solicitud pues resulta legal y moralmente inaceptable. No puede ni debe el Estado colombiano subsanar las graves faltas penales y éticas de un contratista con la simple compensación monetaria. Aceptar un acuerdo de compensación económica a cambio de subsanar el daño moral y material causado a la Nación con los actos de corrupción resultaría ser un incentivo perverso para que se continúen cometiendo este tipo de actos.

  1. Supertransporte declaró la disolución de la Sociedad Ruta del Sol S.A.S y la convoca a proceso de liquidación ante la Supersociedades

Con el propósito de proteger a terceros de buena fe, brindar seguridad jurídica y aprovechar el patrimonio de la sociedad para el cumplimiento de sus obligaciones y evitar el detrimento de los acreedores, la Superintendencia de Transporte, en ejercicio de sus funciones declaró la disolución de la sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. y en consecuencia convocó al proceso de liquidación judicial a la compañía en instancia de la Superintendencia de Sociedades

La lucha contra el grave flagelo de la corrupción es una obligación constitucional, legal y ética de todo gobernante y de todo ciudadano. Este es uno de los peores atentados cometidos en contra de la moralidad de la Nación, el cual ha causado un grave detrimento en las finanzas públicas y ha sido el origen de graves daños a la ética pública. Las entidades continuarán trabajando en conjunto para defender el erario y la institucionalidad colombiana, y se seguirán analizando todas las alternativas legales para recuperar los dineros del Estado.

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Diplomado en Defensa Jurídica del Estado

Este mes destacamos al grupo de 87 abogados que se graduaron del Diplomado en Defensa Jurídica desarrollado en alianza con la Escuela Superior de Administración Pública.

Este es el inicio de una nueva etapa en la capacitación y entrenamiento en defensa jurídica que desarrollaremos en 2020 para que los abogados del Estado adquieran un papel más relevante, fuerte y sólido en la defensa de los intereses públicos.

Este diplomado tuvo como objetivo introducir a los participantes en los aspectos fiscales, económicos y jurídicos particulares del litigio en contra del Estado. Así como aportar los fundamentos teóricos, normativos, técnicos y de aplicación práctica para desarrollar una defensa integral de Estado.

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El litigio contra las ciudades capitales: otra cara de la moneda

Esta edición del Boletín del Conocimiento tiene una doble importancia. En primer lugar, llegamos a nuestra quincuagésima publicación. Es un esfuerzo significativo. La tarea de producción, revisión, diagramación y divulgación de 50 ejemplares de nuestro Boletín nos ha obligado a examinar distintas facetas del ejercicio de la defensa jurídica del Estado.

Los logros han sido satisfactorios. El Boletín es una herramienta que busca fortalecer los canales de diálogo entre la Agencia y las entidades que apoyamos. Los contenidos de cada una de nuestras entregas permiten que las entidades cuenten con información actualizada y con experiencias, datos y sugerencias que fortalecen el ejercicio de nuestra función.

A través del Boletín buscamos discutir y promover el uso de nuevas estrategias, iniciativas y prácticas basadas en evidencia que produzcan mejores resultados.

En esta oportunidad hemos querido orientar nuestra mirada hacia la litigiosidad que enfrentan las entidades territoriales y, específicamente, las ciudades capitales.

Las ciudades capitales de Colombia cuentan con poblaciones de gran tamaño y configuran centros urbanos y economías con influencia regional. Deben atender las demandas de sus habitantes sobre la provisión de bienes públicos y cuentan con recursos limitados para hacerlo. Es por esto que sus políticas públicas tienen una gran incidencia en el día a día de los ciudadanos.

Un reciente estudio elaborado por Asocapitales y la Universidad del Rosario, que circula con esta edición del Boletín (en la sección “La Agencia le cuenta”), muestra las dinámicas y especificidades de la litigiosidad territorial y analiza las causas que generan mayor impacto. Por ejemplo, en materia de protección del espacio público se identifican dificultades relacionadas con el crecimiento de las ventas informales. En lo ambiental se destacan los reclamos ciudadanos sobre la protección de los cuerpos de agua en las ciudades y la contaminación del aire.

Contar con esta información y análisis es el primer paso para que las ciudades capitales y demás municipios del país identifiquen oportunidades de mejora en lo administrativo y para definir estrategias de coordinación Nación – territorio en el marco de un sistema integrado de defensa jurídica. La comprensión de estas dinámicas debe guiar la toma de decisiones en torno a los esquemas de gestión de la defensa, la asignación eficiente de recursos y la introducción de criterios gerenciales que orienten y apoyen a los abogados de las entidades.

La implementación y el fortalecimiento de herramientas que mejoren el diseño institucional y el ejercicio de las responsabilidades asociadas a la defensa jurídica de los intereses públicos, es una misión que comparten la Nación y las entidades territoriales y que las invita a trabajar de manera conjunta.

¡Súmese a nuestra red de defensores del Estado y comparta lo que sabe con sus colegas! Compartir conocimiento multiplicará el impacto de nuestro trabajo en la defensa de los intereses públicos.

Si tiene comentarios, escríbanos a: entrenamiento@defensajuridica.gov.co

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La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado asesora a los municipios de 4ª, 5ª y 6ª categoría

Por: Estefanía Arévalo Perdomo
Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no es ajena a las problemáticas que enfrentan los entes territoriales. Dentro de sus funciones se encuentran el apoyo a los municipios más débiles y la protección de los recursos públicos para la sostenibilidad fiscal municipal.

En este marco, brinda asesoría en materia de embargos y procesos ejecutivos a los municipios de 4ª, 5ª y 6ª categoría. También interviene estratégicamente en la recuperación de recursos públicos, realiza seguimiento a la acción de repetición y participa en jornadas de fortalecimiento institucional ofreciendo capacitación en materia de inembargabilidad de recursos.

Esta oferta institucional llega a las zonas del país más afectadas por el conflicto armado. Por ejemplo, en el marco de la estrategia Catatumbo Sostenible, ha brindado asesoría y capacitación en el Norte de Santander.

En segundo lugar, la Agencia desarrolla funciones para la recuperación de recursos públicos participando como interviniente en más de 80 procesos judiciales. Entre estos se encuentran procesos de tutela, ejecutivos, penales, nulidades y restablecimiento del derecho e incluso reparaciones directas en contra de particulares. En estos últimos el objetivo es la recuperación y protección de los recursos del Estado.

Recientemente, se desplegó una estrategia de participación masiva en procesos de nulidad y restablecimiento del derecho con pretensiones de lesividad en casos de pensiones concedidas de forma irregular a través de acciones de tutela. La estrategia tuvo como objetivo obtener decisiones a favor que permitiesen la construcción de una línea jurisprudencial sobre el tema para ahorro en el pago de estas pensiones.

Actualmente, la Agencia interviene en procesos en los cuales se van a emitir decisiones de unificación con relación a procesos ejecutivos y recursos inembargables. Con esto pretende que las decisiones judiciales salvaguarden los derechos fundamentales de las entidades públicas en el marco de estos trámites.

Por otra parte, realiza un seguimiento del ejercicio de la acción de repetición a nivel nacional a partir de los datos reportados en el eKOGUI efectuando un análisis cuantitativo cuyo conocimiento es esencial para el desarrollo de estrategias frente a este asunto.

Finalmente, se está llevando a cabo un plan de intervención estratégica en procesos para la fijación de precedentes jurisprudenciales en favor de la Nación.

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