Artículos de interés

Entrenamiento presencial en octubre

 

 

Tema Tipo Fecha
1 Derecho Probatorio a la Carta Convocatoria abierta a todos los defensores del Estado 4 de octubre
2 Lanzamiento lineamientos de prevención Focalizado 10 de octubre
3 Clínica en defensa jurídica del Estado

Sesión 2

Convocatoria abierta a todos los defensores del Estado 17 de octubre
4 Graduación

Diplomado en Defensa Jurídica del Estado

Alumnos del diplomado 23 de octubre
5 Clínica en defensa jurídica del Estado

Sesión 3

Convocatoria abierta a todos los defensores del Estado 30 de octubre

 

Puede inscribirse a través del formulario que llegará con la invitación a cada taller. Si su entidad requiere que la ANDJE asista a su instalaciones para dictar alguna capacitación escríbanos a: entrenamiento@defensajuridica.gov.co

También lo invitamos a estar pendiente de la transmisión de talleres y conferencias vía streaming a través de nuestro canal “Comunidad Jurídica en Vivo” disponible en www.conocimientojuridico.gov.co. Recuerde que para acceder a él debe ingresar a la plataforma con su usuario y contraseña.

Contador de visitas: 50

How to learn English

Como ya vimos, solo el 32% de los apoderados domina un segundo idioma, pero ¿qué tal si aumentamos esa cifra? Una buena forma de empezar es aprovechar uno de los cursos virtuales realizados por el SENA para aprender inglés. Solo necesitas las ganas y una conexión a internet.

Accede a estos cursos en el siguiente enlace:

http://www.sena.edu.co/es-co/formacion/Paginas/bilinguismo.aspx

Contador de visitas: 68

Superindustria y Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado envían circular conjunta sobre habeas data

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) firmaron una circular conjunta con los lineamientos que deben seguir las entidades públicas y particulares para el debido tratamiento de datos personales en sistemas de información interoperables (habeas data).
La circular aclara:
1. La interoperabilidad entre sistemas de información donde circulan datos personales debe realizarse conforme a los principios señalados en la Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales), por lo que no es necesaria la expedición de una norma adicional y específica para este fin.

2. La protección de datos personales no se opone a la interoperabilidad siempre y cuando se respete lo dispuesto en el artículo 15 de la Constitución (todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre) junto con la mencionada ley se tengan en cuenta sus excepciones y reglas de tratamiento y circulación de la información.

3. Las entidades públicas o administrativas no requieren obtener la autorización de la persona para tratar datos personales cuando la información se necesita para el ejercicio de sus funciones. El término “tratamiento” incluye cualquier actividad con datos personales (recolección, usos y circulación).

4. La Ley 1581 de 2012 autoriza a las entidades privadas a ya las organizaciones públicas para que suministren a las entidades públicas o administrativas datos personales que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones legales. Por lo tanto, no se requiere una autorización especial o adicional para poder suministrar a esas entidades datos en el marco de un proyecto de interoperabilidad, siempre y cuando la información que entreguen sea útil, pertinente y necesaria para cumplir los cometidos constitucionales y de ley de las entidades públicas.
La aplicación de esta circular será objeto de vigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que debe limitar el riesgo jurídico y el daño antijurídico, de conformidad con las recomendaciones de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Contador de visitas: 35

Juez acoge argumentos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en caso Hospital Universitario CARI

El Juzgado 12 Civil del Circuito de Barranquilla, en primera instancia, declaró que el Hospital Universitario CARI E.S.E, ubicado en esa capital, no tiene a su cargo la obligación económica reclamada por la empresa Radiólogos Unión Temporal.

Para la Unión Temporal el Hospital le adeuda más de cinco mil millones de pesos ($5.017’212.230), más intereses de mora, por la adecuación y operación de la Unidad de Radiología e Imágenes Diagnósticas en ese centro hospitalario, servicios que están soportados en 27 facturas.

En la sentencia, el juez acogió la tesis planteada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, según la cual las facturas presentadas como título ejecutivo fueron objeto del balance financiero definitivo para la terminación del contrato de asociación entre Radiólogos UT y el Hospital Universitario CARI. Es decir, las facturas fueron objeto de inclusión en la liquidación final que arrojó un saldo en favor del Hospital y que, después de todo, se trata de una resolución (acto administrativo) que se encuentra en firme y que goza de la presunción de legalidad.

Con esta decisión de primera instancia se genera un ahorro parcial aproximado de nueve mil millones de pesos ($9.000’000.000), suma a la cual ascienden las pretensiones de los demandantes.

Contador de visitas: 54

Estado pidió perdón por la detención arbitraria y posterior ejecución extrajudicial del señor Germán Giraldo Agudelo

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado acompañó el Acto de Reconocimiento de Responsabilidad por los hechos sucedidos el 25 de enero de 1991 durante el rescate de la periodista Diana Turbay Quintero.

El acto se llevó a cabo en el barrio Santa Cruz de Medellín el pasado 22 de septiembre del presente año.

Contador de visitas: 44

Estado colombiano reconoce responsabilidad y pide perdón en el caso de Alfredo Rafael Francisco Correa de Andreis

El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez Alzate, presidió el Acto de Reconocimiento de Responsabilidad, en el que el Estado colombiano pidió perdón por la detención injusta de la libertad y la afectación de los derechos al buen nombre, la dignidad y la honra del señor Alfredo Rafael Francisco Correa de Andreis.

El profesor Andreis fue capturado el 28 de junio de 2004 por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y se le impuso una medida de aseguramiento que consistió en detención preventiva. Posteriormente, la decisión fue revocada por la Fiscalía el 14 de julio de ese año, pero a los dos meses fue asesinado (17 de septiembre).

El acto, que tuvo lugar en la Universidad Simón Bolívar y en la Universidad del Norte, responde a una condena por parte del Consejo de Estado, máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Al evento asistieron autoridades del orden nacional, departamental y local, los rectores de la Universidades, colegas del profesor, estudiantes y los familiares de la víctima.

En el evento, el director de la Agencia, Camilo Gómez, expresó sus más “sentidas condolencias por los daños causados en la vida, libertad, y buen nombre del profesor y su familia”. Agregó que “el Estado colombiano lamenta estos hechos y espera que este acto contribuya a la reparación del dolor causado, así como mantener viva la memoria del profesor Alfredo Rafael Correa, para contribuir en la construcción de la verdad histórica y despertar la conciencia de nuestra sociedad para evitar que hechos como estos se vuelvan a repetir”.

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Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y Colpensiones protegieron los recursos de los colombianos por cerca de 30 billones de pesos

En primera instancia, un juez de Cali negó las pretensiones invocadas mediante una acción de grupo de 205 trabajadores y ex trabajadores de esa ciudad, por los supuestos perjuicios que les ocasionó el cobro excesivo de comisiones de administración por parte de Colpensiones sobre los aportes de ley que fueron descontados.

Las pretensiones estaban orientadas a que se restituyeran, a través de indemnización y a favor de todos los afiliados, los gastos de administración que presuntamente fueron cobrados en exceso y que generaban un posible impacto fiscal en los recursos de la seguridad social de los colombianos, que podía superar los 30 billones de pesos.

La Procuraduría General de la Nación indicó que no existe el daño alegado que permita el pago o desembolso por parte de Colpensiones. Esta entidad y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado alegaron que la mencionada acción de grupo se fundamentó en una interpretación errónea de las normas que regulan el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida (RPM) y Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), los cuales coexisten pero son excluyentes, y presentan marcadas diferencias en la forma como se deben deducir y distribuir los aportes de sus afiliados.

“Para nosotros ésta es una gran noticia, después de muchos años de defensa judicial hemos logrado que esta decisión sea a favor nuestro lo cual demuestra nuestro profundo compromiso con la protección de los recursos de la seguridad social de todos los colombianos”, aseguró Juan Miguel Villa, presidente de Colpensiones.

Finalmente, el juez acogió los argumentos de Colpensiones y de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado según los cuales la acción de grupo no constituye el medio adecuado para perseguir la reclamación de acreencias y ante la inexistencia de un daño individual y colectivo, la demanda se funda en profundas equivocaciones jurídicas.

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Caracterización de oficinas asesoras jurídicas y de abogados del Estado: un paso necesario para la focalización de nuestros servicios

La ciencia de la administración enseña que uno de los requisitos básicos de una empresa eficiente radica en conocer adecuadamente las características y expectativas de sus clientes.

Esta premisa aplica también, con algunos matices, a las entidades del Estado. ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Qué objetivos debemos alcanzar? ¿Qué necesidades satisfacemos? En efecto, en tanto órganos del Estado, nuestra misión radica siempre en promover el bienestar general. Pero “el bienestar general” es un concepto muy abstracto, lejano. Es menester ir siempre a lo específico.

Con esa premisa en mente, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ha adelantado varios estudios y encuestas que buscan tener un conocimiento más cercano de las oficinas asesoras jurídicas y de los abogados del Estado. El más reciente se llevó a cabo en el primer semestre del presente año.

Entre los resultados más interesantes del estudio encontramos que la defensa del Estado está distribuida de manera paritaria entre mujeres y hombres. También que la mayoría de abogados del Estado tienen, al menos, cuarenta años de edad y un gran porcentaje cuenta con más de tres años de experiencia en litigio a favor del Estado. En promedio, cada uno lleva cuarenta procesos judiciales, pero muchos realizan labores adicionales en las oficinas jurídicas, tales como elaborar conceptos jurídicos, responder derechos de petición y cumplir con tareas misionales propias de la entidad, entre otras.

Gran parte realizó el pregrado en Bogotá y casi la totalidad de los apoderados cuenta con un título de posgrado. Este último dato resulta de interés pues evidencia mejoras representativas en el grado de preparación de los profesionales que ejercen la defensa judicial y extrajudicial de la Nación.

Por otro lado, en materia de idiomas aún tenemos retos mayúsculos: solo el 32% de los apoderados domina un segundo idioma.

Adicionalmente, las encuestas que realizamos el primer semestre también nos permitieron conocer las expectativas que tienen las oficinas asesoras jurídicas y los abogados del Estado en relación con la ANDJE.

De los resultados se puede concluir que debemos avanzar en la consolidación de un sistema sólido de defensa jurídica del Estado. Existe aún dispersión en nuestra estrategia procesal y tenemos que contar con herramientas más eficientes de defensa, tales como un registro de peritos.

La implementación de mecanismos que nos ayuden a la generación de conocimiento colaborativo es otra de nuestras metas y es necesario que quienes ejercemos la defensa judicial y extrajudicial del Estado cumplamos nuestras funciones bajo lineamientos comunes.

Dentro de las expectativas más sentidas de las oficinas jurídicas se encuentra el contar con una oferta de formación y capacitación en temas relacionados de manera específica con la defensa jurídica. Por ello, hemos venido trabajando en la creación y promoción de espacios de capacitación virtual y presencial para los abogados de las entidades encargados de la defensa jurídica.

De manera virtual, contamos con 21 cursos gratuitos a través de la plataforma de la Comunidad Jurídica del Conocimiento. De manera presencial, ofrecemos capacitaciones a través del diplomado en defensa jurídica (en convenio con la ESAP) y diferentes talleres que han tenido gran acogida, entre los cuales sobresalen los de Derecho Procesal y Derecho Laboral a la Carta. En estos últimos talleres, bajo el nombre de una “oferta a la carta” hemos buscado abordar temas puntuales de estrategia procesal y régimen de pruebas.

El siguiente paso en materia de capacitación es la implementación de un sistema de acreditación de competencias.

La información recopilada es de la mayor importancia para entender las expectativas de los usuarios de nuestros servicios, identificar las necesidades de las políticas públicas que nos corresponde abanderar y focalizar de manera precisa nuestros esfuerzos para contribuir así a la promoción del “bienestar general”.

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Entrenamiento presencial en septiembre

 

 

 

Tema Tipo Fecha
1 II Negociatón Focalizada 24 de septiembre

Puede inscribirse a través del formulario que llegará con la invitación a cada taller. Si su entidad requiere que la ANDJE asista a su instalaciones para dictar alguna capacitación escríbanos a: entrenamiento@defensajuridica.gov.co

También lo invitamos a estar pendiente de la transmisión de talleres y conferencias vía streaming a través de nuestro canal “Comunidad Jurídica en Vivo” disponible en www.conocimientojuridico.gov.co. Recuerde que para acceder a él debe ingresar a la plataforma con su usuario y contraseña.

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