Defensa jurídica del Estado: visión 2022

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Por: Santiago Schlesinger
Experto de la ANDJE

Hace más de siete años entró en funcionamiento la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Después de adelantar exitosamente su fase de creación y organización, hoy se encuentra lista para consolidarse como la entidad que lidera la defensa jurídica del Estado.  Dicho liderazgo trae consigo grandes y desafiantes retos enmarcados en un complejo escenario de creciente litigiosidad, en el que las demandas contra el Estado están cercanas a los 400.000 procesos, con pretensiones por más de $400 billones de pesos y una deuda de sentencias por pagar que asciende a los $7,5 billones de pesos.

Para enfrentar estos retos, la Agencia definió como su visión para el 2022 el consolidarse como una aliada estratégica de las entidades públicas para la defensa integral y efectiva del Estado.  Para materializar esta visión, se ha planteado cinco objetivos estratégicos.

El primero de ellos busca reducir el número de nuevos procesos en contra del Estado, en otras palabras, continuar impulsando la prevención del daño antijurídico.  Este ha sido uno de los principales pilares de la creación de la entidad y desde entonces se viene trabajando permanentemente con las entidades, logrando que cada año sean más las que cuentan con políticas de prevención del daño antijurídico formuladas bajo la metodología de la Agencia.  La base de esta metodología es la cultura del mejoramiento continuo como elemento fundamental para optimizar la gestión pública y evitar las fallas administrativas que conducen a un buen número de demandas contra las entidades estatales.

Otro aspecto clave en materia de prevención está relacionado con la producción normativa.  No es novedoso que la expedición de normas genere demandas contra las entidades del Estado.  Sin embargo, no se estudia previamente este impacto litigioso. En la práctica, no se analizan los costos y beneficios de regular o no hacerlo.  Por ello, la Agencia se propone profundizar en el tema para incorporar de manera efectiva la prevención en el proceso de producción normativa.

Un segundo objetivo se enfoca en la prevención de litigio. Para ello es necesaria la implementación de mecanismos alternativos de solución de conflictos – MASC.  Actualmente, hay alrededor de 1.500 procesos judiciales entre entidades públicas con pretensiones cercanas a los $3,3 billones de pesos, 398.064 demandas contra el Estado y 611 peticiones y casos ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (SIPDH).  Por esta razón, la Agencia desarrollará estrategias que busquen impulsar la implementación de MASC en esos tres frentes: i) procesos interadministrativos, ii) procesos contra el Estado y iii) casos ante el SIPDH.

El tercer objetivo definido por la Agencia busca reducir el impacto fiscal de la actividad litigiosa.  La existencia de demandas temerarias, cuyas pretensiones exceden ampliamente el valor de los daños que se exige sean reparados, es uno de los factores que incide negativamente en este ámbito.  De manera similar, la mora en el pago de sentencias y conciliaciones genera una deuda que crece a la tasa de interés más alta, llevando la cifra a unos $7,5 billones de pesos.  Para hacer frente a esta situación, la Agencia adelantará reformas normativas y generará otras herramientas que permitan saldar o reducir la deuda, así como limitar el abuso del derecho en la determinación de las pretensiones cuando se demande al Estado.

Promover la defensa estratégica del Estado, el cuarto objetivo establecido por la Agencia, es fundamental cuando se enfrentan 95 procesos arbitrales, 11 controversias internacionales de inversión, 611 casos ante el SIDH y 398.064 demandas contra el Estado.  La Agencia desarrollará 18 iniciativas puntuales durante el 2019 para promover dicha defensa estratégica, dentro de las cuales se destaca la intervención en los 500 procesos más cuantiosos en contra del Estado.  Estos procesos dan cuenta del 68% del total de las pretensiones por lo que lograr resultados favorables tendrá un notable impacto.  Otras iniciativas incluyen líneas jurisprudenciales, protocolos de defensa y nuevos módulos en el sistema eKOGUI para fortalecer la calidad de la información.

El último objetivo aborda otro tema fundamental para lograr que la defensa jurídica del Estado tenga mejores resultados y que sean sostenibles en el tiempo.  Se trata de fortalecer las competencias de los abogados defensores del Estado.  A través de la Comunidad Jurídica del Conocimiento, plataforma virtual lanzada hace varios años, la Agencia impulsa la gestión del conocimiento para consolidar una verdadera red de buenas prácticas y elevar los estándares del litigio público en el país. El plan de entrenamiento y fortalecimiento de las competencias se desarrolla a través de cursos virtuales, diplomados, talleres presenciales, foros y publicaciones especializadas, que están al alcance de todos los defensores del Estado.  Esto será complementado con el lanzamiento del Congreso Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que buscará alinear esfuerzos desde el sector público, la academia y agencias homólogas en el exterior, para lograr una defensa más eficiente y eficaz.

Los retos a enfrentar son enormes, por lo cual el liderazgo que asume la Agencia debe ser correspondido en igual proporción por las demás entidades del Estado.  Sólo a través de un esfuerzo conjunto y coordinado, será posible revertir una realidad que no sólo afecta la gestión y las finanzas públicas, sino que perjudica a todos los colombianos, toda vez que el costo de la litigiosidad es asumido por cada uno de nosotros.  En la Agencia estamos comprometidos a utilizar todos los recursos disponibles de la manera más eficiente y eficaz posible. También, estamos confiados en que contaremos con el apoyo de todos los defensores del Estado en esta importante tarea.

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