Ética de lo público y defensa del Estado

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Por: Luis Jaime Salgar Vegalara
Director de Políticas y Estrategias de la ANDJE

La información gestionada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) muestra que en los últimos años se ha presentado una explosión de procesos judiciales contra el Estado colombiano.

Cálculos preliminares de la Agencia estiman que en 2018 se admitieron 125 mil demandas en contra de la Nación.

En la actualidad, las entidades públicas del orden nacional enfrentan cerca de 400 mil procesos cuyas pretensiones ascienden a 375 billones de pesos. Esta cifra no incluye una demanda promovida por un abogado que dice actuar en nombre de los desplazados de Colombia y quien pretende que se les indemnice por una suma cercana a los 3.500 billones de pesos. La ley prevé que de esta suma al apoderado le correspondería un 10%. Si obtuviere una sentencia favorable, este jurista haría que el país entero se viera obligado a destinar todos sus ingresos durante cerca de cuatro años para satisfacer su codicia.

Es poco probable que un proceso de tales características prospere. No obstante, para atender dicho proceso –que, de generar un resultado desafortunado, produciría una verdadera catástrofe financiera-, el país se ha visto obligado a invertir ingentes recursos y acometer esfuerzos descomunales. Y ello sin contar el desgaste de la –ya de por sí agobiada- administración de justicia.

El número creciente de procesos judiciales que enfrenta la Nación, las pretensiones desbordadas que se formulan y la irracionalidad de varias de las causas que se invocan, permite inferir que son muchos los profesionales del Derecho que han convertido el litigio contra el Estado en una industria. Cada vez son más frecuentes las demandas temerarias e injustificadas que no procuran el objetivo legítimo de compensar o reparar a quien ha sufrido un daño, sino que buscan satisfacer otros intereses.

La legitimidad que, por regla general, asiste a las personas de disponer de sus derechos litigiosos se desdibuja cuando tal derecho se utiliza para la promoción de negocios que se especializan en la búsqueda e incluso en la generación de situaciones que pueden aprovechar para incentivar las más variadas demandas. En estos casos, se instrumentaliza la ley en contra del bienestar general y se obstaculiza el buen funcionamiento de la administración de justicia.

La obtención de beneficios a favor de quien no satisface los requisitos objetivos para ello; la formulación de reclamaciones en nombre de personas que no han sufrido el daño que invocan; la persecución de un número plural de pagos por un mismo hecho; el uso de personas en condiciones de vulnerabilidad para la formulación de demandas inaceptables, son muestra de esta problemática.

A ello hay que sumarle otros fenómenos como la sobrecarga de responsabilidades en cabeza de los abogados del Estado, la congestión de la justicia, e incluso, los alicientes a la corrupción.

Las desviaciones expuestas no pueden conducir a desconocer el derecho de las personas a obtener una justa reparación o indemnización cuandoquiera que han sido perjudicadas por una autoridad púbica.

Para superar este estado de cosas la labor que nos corresponde adelantar es monumental. El país debe implementar reformas normativas que ayuden a una mejor definición de las instituciones jurídicas y a la profundización de ciertos mandatos. La producción normativa debe ser fortalecida para que las nuevas normas alcancen sus objetivos y no produzcan consecuencias negativas no previstas. Esta responsabilidad cobija por igual al legislativo, al ejecutivo y a cualquier otro órgano que tenga competencias reglamentarias. Por su parte, la rama judicial debe seguir avanzando en su proceso de modernización. Los nuevos desarrollos tecnológicos ofrecen innumerables alternativas que ayudan a una ejecución más pronta de la función jurisdiccional. La mejora de las herramientas de gerencia y gestión pública permitirá que todos los órganos del Estado alcancen mayores niveles de eficiencia.

Se trata, sin embargo, de soluciones cuyos resultados serán limitados si no se les acompaña de un estricto compromiso ético que propenda por el reconocimiento y la defensa de lo público. Hoy más que nunca los colombianos debemos entender que el Estado no es un barril que sacia el apetito de algunos sino un barco que nos transporta a todos. La protección de lo público no es un concepto abstracto, sino un objetivo que se concreta a través de acciones de los más diversos tipos, de cambios en los comportamientos humanos.

La tecnología, los nuevos sistemas de comunicación, los programas de procesamiento de datos, los modelos gerenciales no son sino herramientas que facilitan el cumplimiento de las metas pero que no las cumplen por sí mismos.

Las experiencias logradas en países de diferentes latitudes demuestran que el fortalecimiento institucional es una finalidad posible que mejora el desempeño del Estado y que cambia la cultura de las sociedades.

Reconocer que los integrantes de la población son quienes, de manera colectiva, justifican la existencia del Estado contemporáneo y los destinatarios últimos de sus acciones es un primer paso, sin duda el más complejo. La función pública, como vocación de servicio a la sociedad conlleva un trabajo de altísima responsabilidad por su implicación directa en la construcción y cuidado del bienestar general. Por lo anterior, las entidades públicas están llamadas a dar ejemplo y su compromiso con el amparo de los derechos debe ser permanente.

Los derechos se satisfacen a través de millones de actuaciones cotidianas: obtener una cita médica oportuna o una plaza en un plantel educativo cercano, recibir respuesta adecuada respecto de las peticiones que se formulan, transitar por calles y carreteras debidamente señalizadas, conseguir información precisa y veraz de las personas de atención al público. La política de prevención más eficiente es aquella que parte del deseo y del compromiso de hacer bien las cosas.

En materia de defensa jurídica, el reconocimiento oportuno de la responsabilidad del Estado, cuando hay lugar a ello, es otro cambio cultural que debe tomar forma. Las entidades públicas hacen un uso inadecuado de las formas jurídicas cuando acuden a todas las oportunidades de las que disponen para evitar o posponer una condena que en, en estricto derecho, deben asumir.

La protección de lo público también se logra cuando evitamos que los avivatos de turno reciban lo que no les corresponde y que, al obtenerlo, erosionen la capacidad del Estado de alcanzar sus metas de forma equitativa.

En resumen, las prácticas abusivas y éticamente cuestionables en la litigiosidad contra el Estado deben hacerse evidentes pues ello permite combatirlas. El imperativo ético indica que no debe haber barreras institucionales, teóricas o incluso tecnológicas que beneficien intereses privados ilegítimos en perjuicio de los recursos de todos los colombianos. En el siglo de la ética, tal como ha sido declarado por la UNESCO, la reflexión sobre la moralidad pública se torna imprescindible.

Los jueces de la República que ejercen de manera integral las funciones que les confiere el ordenamiento jurídico para exigir comportamientos justos y mesurados y para impulsar la lealtad procesal honran ese cometido. Lo hacen igualmente los muchos administradores y funcionarios públicos que adelantan sus tareas de forma responsable y consciente. Y lo hacen, por supuesto, los defensores del Estado quienes, en su gran mayoría, entienden que la defensa del Estado es la defensa de nuestro proyecto de sociedad.

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