Las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado

Por: Mateo Zapata Granada

Las sentencias de unificación proferidas por el Consejo de Estado constituyen el instrumento jurídico a través del cual se unifica la jurisprudencia en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Si bien el legislador determinó que eran obligatorias, la Corte Constitucional condicionó tal vinculatoriedad a la aplicación preferente de su jurisprudencia (Sentencia C-634 de 2011).

Las sentencias de unificación del Consejo de Estado tienen por finalidad “garantizar la aplicación de la Constitución, la Ley y el reglamento, de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos” (Vargas Rincón, 2012). Se encuentran reguladas en el artículo 270 de la Ley 1437 de 2011 -C.P.A.C.A.-, el cual define los eventos taxativos en los cuales pueden ser expedidas. En efecto, serán sentencias de unificación:

(i) Las proferidas por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia: el Consejo de Estado podrá asumir conocimiento de los asuntos pendientes de fallo, de oficio o a petición de parte, o por remisión de las secciones, subsecciones o tribunales, o a petición del Ministerio Público. El legislador no estableció parámetros objetivos para determinar cuándo una situación adquiere relevancia jurídica o trascendencia económica o social, por lo que el Consejo de Estado ha definido algunos criterios que ayudan a caracterizar estos supuestos. Por ejemplo, en el Auto del 16 de septiembre de 2010 indicó que un asunto adquiere relevancia jurídica cuando puede implicar un conflicto para la vida colectiva de la nación; asimismo, señaló que adquiere trascendencia económica o social cuando afecta globalmente a la sociedad. Por su parte, en la Sentencia del 25 de septiembre de 2018, aseveró que tendrán relevancia jurídica aquellos casos que contemplan temas jurídicos novedosos, reportan dificultades prácticas para la resolución de problemas jurídicos, o suponen una alta incidencia en el ordenamiento.

(ii) Las que deciden recursos extraordinarios: serán sentencias de unificación aquellas que resuelvan el recurso extraordinario de revisión (artículos 248 y ss. del C.P.A.C.A.); el recurso extraordinario de anulación de laudos arbitrales (artículos 40 y ss. de la Ley 1563 de 2012); el recurso extraordinario especial de revisión de las sentencias de pérdida de investidura de los congresistas (artículo 19 de la Ley 1881 de 2018); y el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia (artículos 256 a 260 del C.P.A.C.A.). De estos recursos, el último merece un comentario especial, pues tiene por objeto garantizar que los tribunales acaten las sentencias de unificación jurisprudencial[1].

(iii) Las que resuelven el mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009: esta última disposición le permite al Consejo de Estado revisar las providencias expedidas por un tribunal, que finalizan o archivan procesos relacionados con acciones populares o de grupo. Con tal revisión, se busca “unificar jurisprudencia, en relación con los procesos en los cuales se promueve la protección de los derechos e intereses colectivos y la reparación de los daños causados a un grupo, de manera que la ley se aplique en condiciones de igualdad” (Díaz Díez, 2016). Es de aclarar que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-713 de 2008, señaló que el mecanismo eventual de revisión se comporta como un recurso, por lo que solo procede a petición de parte o del Ministerio Público, mas no puede operar de manera oficiosa.

Bajo estos términos, las sentencias de unificación jurisprudencial proferidas por el Consejo de Estado son excepcionales, por lo que solo proceden en los supuestos definidos por la ley. Como unifican criterios de interpretación y aplicación normativa, ayudan a armonizar el ordenamiento jurídico, en especial, la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

 

Referencias

  • Corte Constitucional. Sentencia C-713 de 2008, M.P.: Clara Inés Vargas.
  • Corte Constitucional. Sentencia C-634 de 2011, M.P.: Luis Ernesto Vargas.
  • Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Auto del 16 de septiembre de 2010, C.P.: Gustavo Eduardo Gómez. Rad.: 11001-03-15-000-2010-00830-00 (AC).
  • Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 25 de septiembre de 2018, C.P.: Rocío Araújo. Rad.: 11001-03-28-000-2018-00031-00 (2.121.132)
  • Díaz Díez, Cristian Andrés. El precedente en el Derecho Administrativo. Medellín: Librería Jurídica Sánchez R Ltda., 2016.

Vargas Rincón, Alfonso. Sentencias de unificación jurisprudencial. Fuerza vinculante del precedente jurisprudencial. En: Instituciones del Derecho Administrativo en el nuevo Código. Una mirada a la Luz de la Ley 1437 de 2011. Consejo de Estado, Banco de la República, 2012.

[1] Sobre el particular, el artículo 258 del C.P.A.C.A. estipula que “habrá lugar al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado”.

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