Prevención en procesos de reestructuración y liquidación de entidades públicas

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Por: Jorge Andrés Villa Caballero
Experto
Agencia


En múltiples oportunidades la Administración es demandada y condenada con ocasión de las actuaciones que se realizan en el marco de los procesos de reestructuración o liquidación de entidades públicas. Es prioritario reforzar la prevención y que las entidades adopten medidas correctivas y de mejora para evitar la afectación de derechos a los trabajadores, y con esto, reducir los riesgos litigiosos y su impacto en el patrimonio público.

Este artículo presenta las principales recomendaciones de prevención que debe tener la Administración durante tales procesos, en especial, frente a los trabajadores: (i) con fuero sindical; (ii) en cargos de carrera administrativa; (iii) de libre nombramiento y remoción y en provisionalidad; (iv) que tengan calidad de madres o padres cabeza de familia o se encuentren en situación de discapacidad; y (v) que tengan la condición de prepensionados.

En relación con los trabajadores con fuero sindical:

• Cumplir con las obligaciones pactadas en la convención colectiva respecto de los derechos y prerrogativas de los trabajadores sindicalizados o empleados aforados.

• Solicitar autorización judicial para que sea a través del proceso de levantamiento de fuero sindical que se proceda al despido. Esto debe hacerse en todos los casos, aún en el evento en que el proceso de liquidación haya concluido.

• Ante la imposibilidad de cumplir una orden de reintegro de un trabajador aforado, la entidad debe iniciar un proceso ordinario laboral con el fin de que sea el juez quien decida sobre la procedencia de reintegrar al trabajador.

En relación con los trabajadores en cargos de carrera administrativa:

• La entidad siempre les debe informar y notificar las decisiones que se tomen y los supuestos que la ley contempla en los procesos de restructuración y liquidación; esto es, el derecho a: ser incorporados en la nueva planta de personal de la entidad; reincorporados en un empleo equivalente o superior en otra entidad, o recibir una indemnización.

• Las mujeres en estado de embarazo o lactancia deberán incorporarse a la nueva entidad o garantizar el pago de los salarios y prestaciones hasta que finalice la licencia de maternidad.

En relación con los trabajadores de libre nombramiento y remoción y en provisionalidad:

• La desvinculación de funcionarios en provisionalidad debe ser a través de un acto administrativo motivado. Este debe indicar que el retiro obedeció al proceso de restructuración o liquidación y que por ende dicho cargo ya no se requiere.

• Respecto de funcionarios de libre nombramiento y remoción, si bien no es necesario motivar los actos administrativos para su desvinculación, de todas formas, se debe indicar que la restructuración o liquidación de la entidad fue la razón a la que obedeció el retiro.

En relación con los trabajadores que tengan la calidad de personas cabeza de familia o se encuentren en condición de discapacidad:

• Mantener la vinculación laboral hasta el final del proceso liquidatario, ya que no existe un límite temporal para ser beneficiario del retén social.

• Durante el proceso de liquidación se debe diseñar una política de reubicación laboral para madres y padres cabeza de familia tendiente a que tengan un derecho preferencial a ser empleados en otra entidad .

• Solicitar autorización a la Oficina de Trabajo para desvincular a los trabajadores con discapacidad, después de agotar las posibilidades para incorporarlos en la nueva planta de personal o reincorporarlos en otra entidad.

En relación con los trabajadores que tengan la condición de prepensionados:

• Continuar realizando los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones de los trabajadores que se van a desvincular hasta el momento en que cumplan con los requisitos para obtener la pensión de jubilación o vejez. Para ello, es indispensable realizar el cálculo presupuestal sobre el monto de los aportes al referido sistema.

• Abstenerse de despedir aquellos trabajadores a los que les falten menos de tres años para cumplir los requisitos necesarios para tener derecho a una pensión de jubilación, establecidos en una convención colectiva de trabajo suscrita por la entidad.

Los lineamientos de conciliación temprana y defensa judicial por hechos relacionados con daños antijurídicos en procesos de reestructuración y liquidación de entidades públicas del orden nacional se encuentran en la Circular No. 14 del 10 de septiembre de 2015 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Solicítela al jefe de la oficina jurídica de su entidad.

Adicionalmente, puede consultar la línea jurisprudencial en la materia accediendo con su usuario y contraseña a eKOGUI e ingresando a la sección “Jurisprudencia”.

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