Regulación de las acciones de grupo en el derecho comparado: una breve introducción

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Por: Rodrigo González Quintero
Doctor en Derecho Comparado

En un reportaje publicado por la Revista Dinero a principios de febrero de este año se describe el escenario de alta litigiosidad que enfrentan las entidades estatales colombianas. Allí se afirma que –en un modelo de responsabilidad patrimonial del Estado como el patrio– aun reconociendo el derecho a demandar al Estado para los ciudadanos, este se ha tornado en “una plataforma de demandas temerarias, y, además, en una de las actividades más costosas para el país, transformándose, incluso, en una importante amenaza para las cuentas fiscales”. Señala que, de las pretensiones monetarias actuales por 400 billones de pesos, un altísimo porcentaje (del orden del 40%), corresponde a acciones de grupo. La comparación de tales cifras para con el monto del presupuesto de la Nación – marcado como 259 billones de pesos anuales por El Tiempo – hace que un examen de razonabilidad sea pertinente, pues la coyuntura demuestra una situación de desequilibrio. Y el derecho comparado es referente necesario para tal examen.

Expertos en derecho comparado reconocen que las acciones colectivas en diversas partes del globo, han sido establecidas con referencia al modelo de class actions de Estados Unidos. Las reservas que genera su trasplante a otros sistemas jurídicos hace que algunos, como el profesor Marcus de la Universidad de California, se refiera a ellas con la metáfora del ‘lobo feroz’. Y es que el modelo estadounidense permite que reclamaciones individuales insignificantes, vía la certificación de la clase, se conviertan en asuntos que amenacen la viabilidad económica de la parte demandada. Es decir, las consecuencias sociales, políticas y económicas de las reclamaciones colectivas son vastísimas, pues –como lo anota la profesora Hensler de Stanford– imponen costes enormes que son desproporcionados frente al beneficio que llegan a alcanzar.

Ahora bien, una primera aproximación al tema desde la perspectiva del derecho comparado muestra los proyectos que llevan hacia una contextualización equilibrada sobre el ejercicio de las acciones de grupo o sus equivalentes.

En los Estados Unidos el Congreso Federal aprobó en el año 2005 la “Class Action Fairness Act”, con el objeto de hacer más ‘justo’ el mecanismo judicial. En ese mismo sentido, los tribunales al interpretar la Regla Federal 23 han establecido restricciones para certificar una clase determinada (In re Kosmos Energy, N.D. Tex. 2014), y la Corte Suprema ha declarado que las cláusulas arbitrales individuales tienen prioridad frente la posibilidad de acudir a una acción colectiva (Caso ATT v. Concepcion, 2011).

En el contexto europeo diversos organismos de la Unión han expresado su preocupación no solo respecto a la efectiva compensación de daños colectivos, sino además a la prevención de abusos surgidos por el desmedido ejercicio de las acciones de grupo. Con la idea de establecer principios comunes dentro de la legislación interna de cada Estado Miembro, el Parlamento Europeo adoptó en el año 2012 la Resolución 2011/2089 “Hacia una Aproximación Europea Coherente a la Compensación Colectiva” y la Comisión adoptó en el año 2013 dos propuestas legislativas: la Directiva sobre Compensación por Daños de Carteles y la Recomendación sobre Compensación Colectiva. Llama nuestra atención que el primer párrafo de ésta última consagra como su propósito “facilitar el acceso a la justicia, […] y asegurar herramientas procesales que impidan el litigio abusivo”. Herramientas como por ejemplo la intervención obligatoria de entidades públicas previa al inicio de la acción, y la preferencia de organizaciones como parte demandante.

La experiencia de Finlandia es también ilustrativa, pues en el año 2007 el Parlamento aprobó la ley de acciones de grupo que –al contrario de otros países– restringe su ámbito de aplicación a temas de Derecho del Consumo. La norma limita los reclamos a controversias entre consumidores y empresa/s y el Defensor del Consumidor es el único organismo al que se le reconoce legitimación activa en el litigio. Rasgos que en su momento el Ministro de Justicia finlandés calificó como necesarios para evitar ‘litigios frívolos’.

Un modelo más cercano como el de Chile circunscribe también las reclamaciones colectivas al ámbito solo de los consumidores; así, en la Ley de Protección del Consumidor –redactada en el año 2004 y cuya reforma ha entrado en vigencia en el año 2018 –se privilegia como demandantes al Servicio Nacional del Consumidor y a las asociaciones de consumidores.

El sistema de acciones colectivas en México (cuya función es indemnizatoria) demuestra que éstas se contemplan en ramas disciplinares específicas del Derecho; originalmente en el procedimiento laboral como acciones de sindicatos y en el procedimiento agrario para comunidades campesinas y ejidos. A partir de la reforma constitucional del año 2010, se adicionaron normas al Código Federal de Procedimientos Civiles que permite el ejercicio de acciones colectivas, aunque limitadas a relaciones de consumo y asuntos del medio ambiente. Diversas entidades públicas están habilitadas para actuar como parte demandante, las cuales tienen preferencia – reflejada en un tratamiento procesal favorable – frente a particulares y asociaciones civiles.

Las experiencias citadas de otros países muestran una genuina preocupación de los distintos actores públicos, respecto de un ejercicio desproporcionado –real o potencial– de un instrumento jurídico como la acción de grupo. Por ello, se han acometido los debates que han llevado a la expedición de documentos que van desde recomendaciones y directrices, hasta la aprobación de nuevas normas –y su respectiva interpretación judicial– que contextualizan su razonable ejercicio.

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