Reparación de los perjuicios causados a un grupo

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Por: Frank Yurlian Olivares

Experto de la ANDJE

El medio de control de los perjuicios causados a un grupo es uno de los principales instrumentos que tienen las personas que han sufrido algún tipo de daño con ocasión de un hecho común. Resulta importante recordar algunas de las particularidades de este tipo de acción con el objeto de identificar su ámbito de aplicación, en especial, las reglas de la reparación de los daños que resultan aplicables y su improcedencia en ciertos casos.

Lo primero a tener en cuenta es que el marco normativo del medio de control de grupo se estructura como un trípode. Es decir, comparte reglas de la Ley 1437 del 2011, la Ley 472 de 1998 y del Código General del Proceso.

Lo anterior resulta de gran relevancia, pues de una lectura sistemática de las anteriores codificaciones se tiene que los únicos aspectos que entró a regular la Ley 1437 del 2011 respecto de este medio de control son los relacionados con: i) la pretensión, ii) la caducidad y iii) la competencia funcional para su conocimiento. Todos los aspectos diferentes a estos tres asuntos deben ser tramitados bajo lo preceptuado en la Ley 472 de 1998 que regula concretamente la materia.

En relación con la legitimación por activa se presenta otra particularidad: es necesario estar legitimado tanto individual como grupalmente. En la legitimación individual se requiere que la persona que inicie la acción o que comparezca a ella sea víctima en sentido estricto acreditando que sufrió un daño particular. Adicionalmente, ese daño debe derivar de un hecho con una causa común.

Lo dicho permite afirmar que uno de los principales elementos de este medio de control es precisamente la acreditación de un daño individual derivado de una causa común y uniforme. Bajo esta connotación, resulta relevante tener en cuenta algunas de las reglas para su liquidación.

La Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 6 de abril del 2018 precisó las reglas para el cálculo del lucro cesante a favor de los padres del hijo que fallece al indicar que “legalmente no se deben alimentos a quien tiene los medios para procurarse su propia subsistencia y que no está́ obligado a ellos aquel que no cuenta con los recursos económicos para proporcionarlos”.

Siguiendo la anterior línea argumentativa, se podría sostener que no basta con alegar en el medio de control de acción de grupo que con ocasión de la muerte del hijo se sufrió un daño material. Como condición necesaria para aplicar la regla de presunción, se debe acreditar plenamente que: (i) el hijo ejercía una actividad productiva lícita; (ii) que el hijo contribuía económicamente con el sostenimiento del hogar; (iii) el porcentaje de la contribución haciendo el análisis de los gastos personales (se debe acreditar los gastos personales de la víctima directa); y (iv) que los padres estén desempleados, enfermos o sufren alguna discapacidad.

Otro aspecto que guarda relación con la legitimación por activa y el daño, es el término de caducidad de este medio de control cuando se trate de la solicitud de daños a la salud o lesiones físicas. Al respecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia del 29 de noviembre del 2018 precisó que la fecha de conocimiento sobre la magnitud del daño, a través de la notificación del dictamen proferido por una Junta de Calificación de Invalidez, no puede constituirse como parámetro para contabilizar el término de caducidad.

Por otro lado, la determinación de la causa común es otro aspecto importante en las acciones de grupo, pues se debe analizar por qué tipo de derechos o daños particulares se está buscando la reparación en relación con el hecho dañino. Es decir, en la demanda se debe desplegar una carga argumentativa que demuestre la existencia de un grupo en sentido jurídico, probando que los hechos generadores del daño constituyen una causa común que reúne a los integrantes del grupo accionante y las condiciones uniformes de los mismos según lo previsto en los artículos 3 y 46 de la Ley 472 de 1998.

Por lo tanto, la causa común no debe establecerse a partir de la uniformidad de los hechos considerados en sí mismos, sino a partir de la unidad que pueda predicarse de la conducta o conductas imputables al demandado o a los demandados.

En relación con la causa común y las condiciones uniformes, el Consejo de Estado ha establecido algunas improcedencias de este medio de control para reclamar cierto tipo de derechos. Lo primero que se debe tener en cuenta al analizar la causa común es que la naturaleza del medio de control de grupo es reparatoria. Lo que se reclame tiene que derivar de un daño en estricto sentido.

Al respecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 29 de septiembre del 2015 indicó que la acción de grupo es improcedente cuando se trate de daños derivados de supuestos incumplimientos contractuales y en especial estipuló las siguientes reglas de análisis:

 

“(i) Que no existan elementos que permitan establecer que los miembros del grupo a favor de quien se interpuso la acción resultan afectados directamente por dicho incumplimiento y en cambio sí se observa que, a través de esta acción, uno de los cocontratantes pretende que se resuelva el litigio particular que lo enfrenta a la entidad pública a propósito del cumplimiento de un contrato; y (ii) los daños cuya indemnización se pretende provienen de los supuestos incumplimientos de contratos individuales celebrados con cada uno de los demandantes, caso en el cual los miembros del grupo no reúnen condiciones uniformes respecto de la causa que originó los perjuicios padecidos por cada uno de ellos.”

 

De lo anterior se desprende la importancia de acreditar la condición uniforme del daño en relación con la causa y el deber del juez de analizar el litigio con el objeto de evitar que se pretendan reclamar daños individuales sin conexión con la causa común.

 

Adicional a la acreditación del daño, otro aspecto importante es su antijuricidad grupal (no individual). Así, una vez analizada la antijuricidad individual de cada demandante, se debe realizar un análisis grupal con el objeto de determinar si frente a alguno de los demandantes no se cumple la antijuricidad del daño y con ello, se podría realizar un esfuerzo argumentativo con el objeto de romper la condición uniforme.

 

Por otra parte, en los casos particulares de reclamar daños derivados de acto administrativo general, la acción de grupo se tornaría improcedente en ciertos aspectos. Al respecto, en la sentencia del 4 de diciembre del 2018 e2007-00107, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado confirmó la posición jurisprudencial atinente a la acción de grupo.

 

Todo lo anterior nos lleva a concluir que el medio de control de grupo tiene la particularidad de ser reparatorio: lo que se pretenda debe tener fuente en un daño; no cualquiera, sino uno antijurídico. Este daño antijurídico debe tener conexión directa con la causa común reclamada por los demás integrantes del grupo. Solo analizando el contexto existiría una legitimación en la causa por activa y se evitarían procesos de grupo que desde un comienzo son improcedentes y que conllevarían a la ineptitud de la demanda.

 

 

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