¿Ya sabe cómo usar el módulo de jurisprudencia?

  • En este video le explicamos cómo usar las principales funciones de búsqueda y consulta

Encuentre las causas identificadas como relevantes en términos de litigiosidad en contra de las Entidades Públicas. Una consulta en el módulo de jurisprudencia, accesible desde eKOGUI, tiene la promesa de valor de anticipar cuál sería la decisión del juez frente a determinado problema jurídico. Ello, a su vez, implica la posibilidad de aplicar dicho conocimiento a todas las etapas del ciclo de defensa jurídica del Estado.

 

 

Los ocho pasos para elaborar una línea jurisprudencial

daño antijuridico

Por: Jorge Andrés Villa, experto ANDJE

El objetivo principal de este artículo está encaminado a dar una serie de recomendaciones que pueden tener en cuenta los abogados defensores para la elaboración de una línea jurisprudencial.

Para empezar, cabe anotar que para el ejercicio de la defensa judicial resulta importante tener en cuenta las decisiones tomadas por los jueces que guardan estrecha relación con el caso que se está abordando, pues, a partir de ahí, se puede evidenciar cuál es la línea o tendencia actual de la jurisprudencia y, por ende, exigir el cumplimiento de los precedentes judiciales.

La construcción de líneas jurisprudenciales en el estudio de las decisiones y de los precedentes judiciales de las altas cortes, toma especial relevancia en la medida en que permite al abogado, al momento de abordar el caso: (i) elaborar una estrategia defensa articulada con las decisiones que han sido proferidas previamente; (ii) identificar los argumentos jurídicos vinculantes que dan sustento a la decisión (ratio decidendi) y (iii)  determinar la trayectoria que una posición jurídica ha tenido a lo largo del tiempo a efectos de prever cuál sería la decisión del juez sobre determinado problema jurídico.

Teniendo clara la necesidad de realizar una línea jurisprudencial para el ejercicio litigioso, la Dirección de Políticas y Estrategias de la ANDJE quiere compartir con ustedes unas recomendaciones a tener en cuenta en la elaboración de una línea jurisprudencial, las cuales son:

  1.  Se debe seleccionar una causa de litigiosidad sobre la cual se van a construir las líneas o tendencias jurisprudenciales.
  2. Para dar inicio a la construcción de la línea, se debe definir el problema jurídico que se pretende resolver, el cual debe estar ligado a la causa de litigiosidad y a los hechos concretos relacionados con la demanda.
    El problema jurídico, como derrotero que guía la línea, es la pregunta que plantea una controversia entre dos extremos de decisión y que se resolverá mediante el análisis de los pronunciamientos judiciales proferidos sobre el asunto. Para la definición del problema jurídico es importante, entonces, resaltar tres elementos: (i) los sujetos jurídicos, (ii) los hechos y (iii) las normas aplicables al caso en concreto. Debe darse prevalencia a los hechos jurídicos relevantes, pues son los que permiten determinar la manera en que la jurisprudencia ha resuelto este tipo de situaciones.
  3. Una vez definido el problema jurídico, se debe establecer la necesidad de hacer la línea, ya que es conveniente elaborarla cuando no se conoce la posición jurisprudencial o cuando, conociéndola, se evidencia que puede haber soluciones disímiles. De esta manera, se recomienda que no es preciso elaborar una línea jurisprudencial, por ejemplo, cuando se conoce que la posición es constante o cuando hay una sola sentencia.
  4. Se debe iniciar la búsqueda de sentencias que responden al problema jurídico y que cuenten con patrones fácticos similares. Para elegir las sentencias que serán estudiadas puede ser útil realizar los siguientes pasos:
  5.  Contextualizar jurídicamente el objeto de estudio, es decir, buscar las normas; la jurisprudencia; la doctrina, o todas las herramientas académicas especializadas que guían la materia, etc.
  6.  Definir las palabras claves que servirán de parámetro de búsqueda.
  7.  Definir dónde se encuentra la jurisprudencia. Para ello, será necesario identificar la jurisdicción respecto al tema y el órgano de cierre que resuelve esos asuntos. Si es una acción de tutela será la Corte Constitucional (http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/), si es un proceso contencioso administrativo, el Consejo de Estado (http://181.57.206.9:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml) y, si es un proceso ordinario, la Corte Suprema de Justicia (http://consultajurisprudencial.ramajudicial.gov.co:8080/WebRelatoria/csj/index.xhtml).
  8. Realizar la búsqueda de las sentencias por las distintas herramientas. No obstante, se recomienda buscar en: la base de datos de las relatorías de las altas cortes y en los motores de búsqueda de las páginas web de las mismas, ya que son la fuente oficial de la corporación que profirió la decisión.
  9.  Realizado lo anterior, se toma como punto de inicio la ‘sentencia arquimédica’ que es la más reciente y cuyos hechos relevantes tengan el mismo patrón fáctico, o al menos lo más cercano posible con relación al caso sometido a investigación. Bajo el estudio de la estructura de citas de esta sentencia, se pueden identificar las demás decisiones judiciales que se han tomado en el tiempo sobre la temática a desarrollar y aquellas que apoyan o refutan las decisiones tomadas. Para ello, el analista deberá hacer una lista de citaciones jurisprudenciales que encuentre en la ‘sentencia arquimédica’.
  10. El siguiente paso ha sido llamado por los doctrinantes como “ingeniería reversa”, la cual consiste en analizar las sentencias que son citadas en la ‘sentencia arquimédica’ y repetir este ejercicio una y otra vez hasta conformar el “nicho citacional”. Es acá donde se pueden evidenciar tanto las sentencias que reiteran o se apartan del precedente como los momentos de coincidencia o quiebre de las decisiones.
  11.  Identificadas las sentencias, será necesario realizar una lectura analítica de éstas, para lo cual se deberá tener en cuenta la similitud de los hechos y las consideraciones que componen la ratio decidendi, que determinan las reglas de las decisiones. Sin embargo, no deberán ignorarse aquellas sentencias que sirvan como aporte al fortalecimiento de los argumentos que sustentan la decisión, pero deberá decidirse cuáles serán objeto de análisis e inclusión a la línea y por qué.
  12. Por último, identificadas cuáles son las tendencias y patrones que componen las reglas de decisión, el analista procederá a ubicar o agrupar las sentencias en los dos extremos de decisión, a efectos de identificar cuál ha sido la trayectoria y comportamiento de la jurisprudencia al resolver el problema jurídico analizado.

Así las cosas, la reconstrucción argumentativa que resuelve un problema jurídico en el tiempo permite no solo evidenciar aquellos momentos de ruptura y continuidad de las decisiones, sino que sirven de apoyo para que los abogados defensores analicen los casos y los resuelvan de una manera más acertada. El abogado que tenga claras las bondades de realizar una línea jurisprudencial, contará, entre otras, con las herramientas para: (i) diseñar una adecuada estrategia de defensa, (ii) tener claros los argumentos jurídicos que resultan legítimos y vinculantes dentro del marco del proceso judicial, (iii) anticipar la manera en que podría ser tomada la decisión e (iv) impugnar las decisiones que no se ajusten a los precedentes judiciales.

Fuentes consultadas :

Corte Constitucional, Sentencia T-1317 de 2001. MP (E): Rodrigo Uprimny Yepes.

CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES (CELS). Litigio Estratégico y derechos humanos. La lucha por el derecho. Siglo XIX Editores, Buenos Aires, 2008.

LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo. El derecho de los jueces, Segunda Edición, Legis, 2006.

LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo. Interpretación Constitucional. Segunda Edición. Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Consejo Superior de la Judicatura, Bogotá, 2006.

Responsabilidad extracontractual del Estado en accidentes aéreos

Dibujo Jurisprudencia
“La cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública tanto por la acción, como por la omisión de un deber normativo”, por ello el defensor del Estado debe validar la presencia de estos elementos en cada caso a su cargo para enfocar mejor su estrategia defensiva.
La Sección Tercera del Consejo de Estado estudió la apelación presentada por la víctima de un accidente aéreo ocurrido el 20 de marzo de 1999, dentro del proceso de reparación directa en la que se solicitaba declarar civil y solidariamente responsables del mismo al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil y la Gobernación del Tolima
La Sala centró su estudio en la resolución del problema jurídico consiste en “determinar si hay lugar a imputarle responsabilidad a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL, así como al DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, por las lesiones padecidas por el señor VÍCTOR MANUEL TAFUR DOMÍNGUEZ, acaecidas en un accidente aéreo el 20 de marzo de 1999, o si por el contrario, se debe confirmar la sentencia de primera instancia que condenó únicamente a la Comercializadora AEROSUR.”
A lo largo de su argumentación la Sala recordó que la imputación del daño antijurídico “(…) exige analizar dos esferas: (a) el ámbito fáctico, y; (b) la imputación jurídica , en la que se debe determinar la atribución conforme a un deber jurídico [que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio –simple, presunta y probada-; daño especial –desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal-; riesgo excepcional]” y que “La responsabilidad objetiva en el terreno de esas relaciones sustanciales [Estado-administrado]  es un imperativo constitucional, no sólo por la norma expresa que así lo define, sino también porque los principios y valores que fundamentan la construcción del Estado según la cláusula social así lo exigen”
Finalmente reiteró que “(…) en la sentencia de 3 de marzo de 1975 se determinó que la responsabilidad del estado por daños ocasionados en el transporte aéreo puede encuadrarse en la falla en el servicio.”
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Notificación por edicto de actos administrativos que resuelven recursos: ¿irregular?

documentos

Es necesario que el defensor recuerde que “(…) la falta de notificación o la notificación irregular de los actos administrativos, no es causal de nulidad de los mismos, sino un requisito de eficacia y oponibilidad (…)”.

En sentencia emitida bajo el Radicado número 25000-23-27-000-2011-00201-01(19460), el Consejo de Estado analizó el caso de un contribuyente que al presentar la declaración de impuesto predial indicó como dirección de notificaciones un lugar diferente al predio sobre el cual realizaba la declaración tributaria. Sin embargo, la administración realizó la notificación del requerimiento especial a una tercera dirección, pero la misma fue devuelta por la causal “dirección errada/dirección no existe”, razón por la cual se procedió a notificar la Resolución mediante edicto.

El Consejo de Estado señaló que la causal “dirección no existe” fue desvirtuada a lo largo del proceso administrativo, pues a esa misma dirección fue enviada posteriormente otra notificación que si fue recibida y, además, la dirección fue confirmada con el correspondiente certificado de libertad y tradición del inmueble, razón por la cual procedió a anular los correspondientes actos administrativos.

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Fuentes y documentos de consulta – Caso de estudio – DESAFÍO 20/17

 Consulte las fuentes y documentos que le ayudarán resolver el caso para participar en el DESAFÍO 20/17

LISTADO DE FUENTES DE CONSULTA RELEVANTES PARA EL CASO:

Responsabilidad subsidiaria del Estado en la situación del conflicto armado colombiano no es absoluta

Mapa de colombia como blanco

En sentencia de tutela (T–054 de 2017) la Corte Constitucional indicó en una de sus consideraciones que la responsabilidad subsidiaria del Estado en la situación del conflicto armado colombiano no es absoluta. Agregó además que tampoco lo es su deber de responder solidariamente por las condenas que hayan sido expedidas en el marco del conflicto armado colombiano, pues ello supondría eximir al procesado de la obligación contenida en la orden judicial. En esta línea de decisión expresó que: “los responsables patrimoniales primordiales de la reparación judicial, son los victimarios”.

En la sentencia se reiteró, además, la noción de víctima de violaciones de derechos humanos en el conflicto armado colombiano.

M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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Modalidades de pruebas de oficio

Dibujo Jurisprudencia
En sentencia de fecha nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017), emitida bajo el radicado41001-23-33-000-2016-00080-01, el Consejo de Estado realizó un amplio análisis de las pruebas de oficio y sus modalidades, para señalar que existen dos modalidades perfectamente definidas, a saber: “-La primera, las pruebas de oficio propiamente dichas, que se decretan durante las instancias con el propósito de toda contienda judicial y es esclarecer la verdad y cuya práctica, se indica, se hace en forma conjunta con las pedidas por las partes.
(…)
-La segunda modalidad, única y propia del llamado auto de mejor proveer, mediante la cual se resalta en grado sumo, el poder de instrucción del operador jurídico en su labor de administrar justicia, pero de manera excepcional, por cuanto conforme a la norma pretranscrita, implica que las etapas procesales probatorias para la postulación de las partes -que incluye a la facultad oficiosa propiamente dicha- ya han sido superadas y finiquitadas, toda vez que el proceso se encuentra entre las etapas de alegaciones de conclusión -que ya han sido escuchados o presentados- y la de antes de dictar sentencia.”
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Alcance de la acumulación de procesos

La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia bajo el numero de radicado 13001233300020160007501, aclaró el alcance que debe dársele, dentro de los procesos contencioso administrativos, a la figura de la acumulación de procesos, expresando que: “(…) La acumulación de procesos busca la economía procesal, en la medida que permite adelantar en un mismo expediente varias demandas, esto equivale a que solo se requiera de una decisión para adelantar el trámite de varios procesos, esto sin dejar a un lado que procura por evitar decisiones contradictorias ya que al ser falladas por un mismo juez no se presentarían fallos en sentidos contrarios derivados de diversas interpretaciones. (…)

En consecuencia, luego de que se decrete la acumulación de procesos basta con un auto de parte del juez o magistrado ponente para que se entienda que se dicta para la totalidad de las partes, sin importar su calidad, lo que equivale a que al momento de ser recurrida baste con ser parte del proceso y que la misma tenga la entidad de afectar sus intereses para que esté legitimado para recurrirla.”

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Principio de legalidad en derecho administrativo sancionador

Dibujo Corte

Mediante sentencia C-032/17 del pasado 25 de enero, la Corte Constitucional señaló que “(…) la jurisprudencia constitucional ha determinado que en el ámbito del derecho administrativo sancionador el principio de legalidad se aplica de modo menos riguroso que en materia penal, por las particularidades propias de la normatividad sancionatoria, por las consecuencias que se desprenden de su aplicación, los fines que persiguen y los efectos que producen sobre las personas..”

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Pérdida de oportunidad: modalidad de daño antijurídico

documentos

Mediante sentencia emitida por el Consejo de Estado, bajo el radicado 13001233100020010050601, se recordaron los tres criterios para establecer la existencia de una pérdida de oportunidad como un verdadero daño antijurídico, así:

(i) Certeza respecto de la existencia de una oportunidad que se pierde,

(ii) Imposibilidad definitiva de obtener el provecho o de evitar el detrimento, y

(iii) La víctima debe encontrarse en una situación potencialmente apta para pretender la consecución del resultado esperado.

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Término para reformar la demanda

El Consejo de Estado replanteó la postura que respecto al término para reformar la demanda que ha venido sosteniendo y en su lugar señaló que “La oportunidad para la reforma de la demanda se prolonga hasta el vencimiento de los 10 días siguientes a la finalización del término de traslado de la demanda inicial y no solamente durante primeros 10 días de ese término.”

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Consejo de Estado recuerda a las entidades los elementos que determinan la prosperidad de las pretensiones de repetición

Dibujo Corte
En sentencia emitida dentro del radicado 25000-23-26-000-2012-00200-01(52959), la Sección Tercera señaló que “ha explicado en abundantes providencias los elementos que determinan la prosperidad de las pretensiones de repetición que formula el Estado contra sus agentes.”
 
Asi mismo recordó que “Ha considerado que los tres primeros requisitos son de carácter objetivo y están sometidos a las normas procesales vigentes al momento de la presentación de la demanda; en tanto que el último de ellos, es de carácter subjetivo y está sometido a la normativa vigente al momento de la ocurrencia de la acción u omisión determinante de la responsabilidad del Estado que generó el pago a su cargo y por cuya recuperación se adelanta la acción de repetición. Los elementos necesarios y concurrentes definidos para la declaratoria de repetición son los siguientes: i) La calidad de agente del Estado y su conducta determinante en la condena (…) ii) La existencia de una condena judicial, una conciliación , una transacción o de cualquier otra forma de terminación de conflictos que genere la obligación de pagar una suma de dinero a cargo del Estado. (…) iii) El pago efectivo realizado por el Estado. (…) iv) La cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el Estado, como dolosa o gravemente culposa.”
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