Durante los primeros días de gestión, el Director General de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Germán Calderón España, desarrolló una agenda estratégica de articulación institucional para hacer efectiva la prevención del daño antijurídico y acelerar la solución temprana de controversias.

Esta agenda busca movilizar capacidades, conocimiento y acción coordinada entre entidades públicas, altas cortes, organismos de control y operadores jurídicos, con el propósito de consolidar alianzas que permitan ampliar el uso de los mecanismos de resolución de conflictos como herramientas efectivas para proteger el patrimonio público, mitigar riesgos fiscales, reducir la congestión judicial, generar confianza y contribuir al desarrollo de los proyectos estratégicos del país.

Las prioridades están definidas: reducir la litigiosidad desde su origen a través del ejercicio responsable de la función pública, con decisiones íntegras y transparentes, alineado con la agenda anticorrupción del Gobierno.

Al mismo tiempo, consolidar la solución temprana en una práctica institucional efectiva, mediante acciones concretas, coordinación interinstitucional y una asesoría jurídica estratégica para la defensa judicial y la protección del patrimonio público.